Alertan: El glifosato produce malformaciones

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).

Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.

“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).

Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.

El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.

Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.

Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.

La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.

También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).

“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.

El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.

Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades -reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.

Maltratan a los pueblos de América Latina

Europa y sus transnacionales maltratan brutalmente a los pueblos de América Latina

Esto lo subrayo y lo pongo en negrita estimados amigos/as: Es por eso mi preocupación por el cuidado de la naturaleza, y espero que nosea solo mi preocupación como uno de los comentarios que recibi que decia que estaba muy lindo el blog y la preocupación que tenia, pues perdón por la Ofensa pero somos Bastantes IGNORANTES EN EL TEMA ME PARECE, no vemos que es lo que esta pasando en los pueblos de América Latina, yo se que a muchos no les interesara este tema pero les recuerdo que si tienen que conocer que es lo que esta pasando en nuestro paises de América Latina.
Cuando comenzemos a cambiar nuestra forma de Pensar, comenzaremos a construir un País Mejor para todos/as.


La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros son cómplices de gravísimas violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas por las empresas transnacionales europeas (ETN) en los países de América Latina (AL), las cuales pueden ser calificadas como “crímenes contra la humanidad”, sentenció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en mayo de 2010 en España.

Luego de un largo proceso de investigación y audiencias públicas iniciado en Viena a finales de 2006, y que continuó con varias audiencias temáticas entre 2006 y 2008 en Colombia y Lima, el TPP sesionó en el Auditorio de la Facultad de Matemática de la Universidad Complutense de Madrid entre el 14 y 17 de mayo, y emitió una sentencia condenatoria referida específicamente a las acciones de las ETN de Europa en AL, en particular de las empresas españolas, responsables del 50% de las inversiones en Latinoamérica.

La sentencia provisional del TTP recalca que todos los casos examinados evidencian la ilegalidad e impunidad generalizadas con las que actúan las ETN europeas, con el apoyo y la permisividad de la UE, de sus Estados miembros, y de las instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Subraya el TTP que es imprescindible entender que este apoyo y la manifiesta interdependencia y tráfico de influencias entre las instituciones europeas y los lobbies empresariales ha significado el desmantelamiento de la arquitectura institucional de los Estados latinoamericanos, el debilitamiento progresivo de su soberanía política, económica, social y ambiental, y una grave vulneración de los derechos humanos de sus pueblos.

Pese a que el sistema internacional integrado por la ONU y la UE proclama y legitima la defensa de los derechos humanos, las prácticas y normas de algunas instancias del propio sistema como el Banco Mundial, el BEI, el CIADI y la OMC se rigen exclusivamente por reglas del mercado que contradicen e impiden el pleno vigor de los derechos humanos.

La UE ha creado un régimen jurídico internacional diseñado para extender su poderío económico en el mundo e internacionalizar los intereses particulares de sus empresas privadas en diversas áreas estratégicas como los recursos naturales, la energía, el comercio, los servicios públicos y las inversiones.

Esta política ha permitido el crecimiento de las economías europeas con consecuencias dramáticas en Latinoamérica. El TTP constató la “enorme paradoja” de que la apropiación y explotación de recursos naturales por parte de las ETN europeas no solamente no supuso ninguna mejora en la calidad de vida de las comunidades, sino que, con mucha frecuencia, les privó el acceso a recursos básicos y limitó sus derechos humanos, incluido su derecho a la vida.

Las transnacionales europeas “maltratan brutalmente” a los seres humanos sudamericanos que fueron expulsados de sus tierras y privados de medios de vida tradicionales; y también mellan su dignidad como sujetos con derechos, reduciéndolos a la condición de simples objetos, al mismo nivel de la tierra removida por bulldozers y de los árboles talados por sierras mecánicas, deplora el TTP.

Lo más grave de todo es que la UE promociona el principio de “responsabilidad social empresarial” unilateral y no exigible jurídicamente, intentando legitimar y cubrir con un maquillaje ético las actividades de las ETN; y al mismo tiempo obstaculiza cualquier tipo de normativa internacional de carácter vinculante que establezca responsabilidades y sanciones y les exija en el cumplimiento de derechos humanos consagrados en la legislación internacional.

Por todo ello, el TTP denuncia “la inmoral actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas”.

Además, el TTP denuncia la “inmoral actitud de la Unión Europea por su implicación en la promoción y el mantenimiento de este estado de cosas (…) y por no adoptar las medidas que están a su alcance que pueden modificar radicalmente esta situación”.

Esto significa que la UE es cómplice de la comisión de graves impactos negativos sobre la calidad de vida de numerosas comunidades en distintos lugares del mundo, como por ejemplo la privación de recursos básicos necesarios para una vida digna, e incluso la comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos “que cabe calificar de crímenes contra la humanidad”.

Además, el TTP denuncia la inmoral actitud de los Estados miembros de la UE por su apoyo incondicional a las ETN y el refuerzo de su impunidad, convirtiéndose de esta manera en cómplices de las violaciones de derechos humanos.

El Tribunal denuncia la inmoral actitud de los Estados receptores de las inversiones europeas que establecen un marco legal e institucional favorable a las mismas, permitiendo la violación de los derechos humanos, civiles, sociales o laborales de su propia población, y el deterioro de su propio medio ambiente.

En resumen, el TTP condena las inmorales conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, fomentadas y desarrolladas por los Estados más industrializados y las instituciones internacionales.

Valoración jurídica de los hechos

La UE y sus Estados miembros conciben al desarrollo como el crecimiento económico sin límites, con clara primacía del crecimiento monetario y de la racionalidad financiera. Semejante crecimiento necesita de la expansión del mercado mundial, el determinante central, y de la imposición de la lógica del mercado internacional de capitales a la lógica general de la economía.

En la visión europea y del capitalismo en general, las prioridades son el crecimiento de las transacciones internacionales frente al de las internas; el aumento de las inversiones –financieras antes que productivas– frente al de la demanda; y la lucha antiinflacionaria para salvaguardar las ganancias de las inversiones en desmedro del pleno empleo.

Y es que la UE y sus Estados consideran que las ETN son los actores determinantes de la acción económica y la vanguardia del progreso económico y social. Prueba de ello es que más del 90% de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones se destina a las ETN, mientras que varias agencias de cooperación para el desarrollo y hasta los fondos de pensiones europeos financian los negocios corporativos privados en América Latina.

Esta singular concepción del desarrollo y del interés de la Unión se evidencia en el documento Europa Global: Compitiendo en el Mundo (2006) de la Comisión Europea y en el Tratado de Lisboa. El fin último de estas políticas y del conjunto de directivas internas, acuerdos de asociación y promoción de inversiones, y tratados de libre comercio aprobados por la UE es asegurar ganancias a las ETN europeas.

Las políticas económicas europeas subordinadas a la lógica del mercado han sido muy eficaces, cumplieron el objetivo principal del crecimiento de las economías europeas y aumentaron la productividad y los ingresos en beneficio exclusivo de los oligopolios en áreas estratégicas como los servicios básicos, la energía, los servicios financieros, los agrocombustibles y la farmacéutica, entre otras.

Estas políticas diseñadas en función del interés privado contradicen abiertamente el pacto social europeo de la posguerra. El salario que se había transformado en motor de la demanda se ha convertido en un coste que hay que rebajar, mientras que se niegan los derechos sociales, se reduce el espacio de las libertades ciudadanas y se criminaliza a los movimientos sociales.

Se agravaron la pobreza, las discriminaciones y las desigualdades sociales, al tiempo que se radicaliza un régimen económico productivista y consumista que entró en contradicción con la sostenibilidad del ecosistema global.

En los últimos decenios, las ETN acumularon un poder político, económico y jurídico tal que les resulta muy fácil sustraerse al control jurídico y político de los Estados y que les permite actuar con un notable grado de impunidad.

Se ha desarrollado un ordenamiento jurídico global de carácter multilateral basado en reglas de comercio y de inversiones de carácter imperativo y coercitivo para defender los intereses de las ETN, pero no existe una norma de igual rango que les imponga obligaciones.

Las obligaciones de las ETN se remiten a ordenamientos nacionales y a una normativa internacional de derechos humanos manifiestamente frágiles, al tiempo que las empresas prometen obrar con “responsabilidad social corporativa”, un principio voluntario, unilateral y no exigible jurídicamente.

En los hechos, varios principios de los acuerdos de asociación y los TLCs de la UE con América Latina desplazan en la jerarquía normativa al derecho internacional de derechos humanos y al derecho internacional del trabajo, e inclusive a los sistemas judiciales de los Estados.

Los crímenes juzgados por el TPP

El TTP que sesionó en Madrid concluyó que más de 30 ETN europeas que operan en América Latina cometieron delitos contra la vida y contra los pueblos indígenas; violaron derechos laborales y destruyeron el medio ambiente y recursos naturales vitales; y vulneraron derechos de las generaciones futuras, una nueva categoría de perjuicios relacionados con el concepto de deuda ecológica.

a) Atentados contra la vida

Las empresas Impregilo, Monterrico, BP, ThyssenKrupp, Holcim y Unión Fenosa están implicadas en atentados contra la integridad física (secuestros, asesinatos y desaparición forzada de personas) con el uso de fuerzas paramilitares y empresas de seguridad privada.

Holcim y Gold Corp son acusadas criminalizar las protestas de comunidades que se oponen a la explotación de recursos naturales; y Unión Fenosa, Pluspetrol y BP, de alentar detenciones arbitrarias. Se acusa a Nestlé de aplicar estrategias de intimidación y de control de las organizaciones sociales europeas, llegando incluso al extremo de introducir infiltrados en estas últimas.

Atentaron contra la salud pública Aventis, Novartis, Pfizer, Waner Lambert y DuPont, que habrían obstaculizado el acceso a fármacos genéricos haciendo prevalecer derechos de propiedad intelectual por sobre los derechos humanos de buena parte de la población de África y América Latina. Se constató que el precio de fármacos fijado por grandes laboratorios transnacionales dueños de patentes es varias veces mayor que el de los mismos medicamentos producidos en Brasil, India, Sudáfrica y Tailandia.

Se constató la responsabilidad de Bayer en la privatización del agua y en la contaminación de acuíferos con sustancias tóxicas. GDF Suez, Banif-Santander fueron acusadas de contaminar aguas con metales pesados, destruir el sistema hídrico y provocar desplazamiento forzado de la población en el río Madeira de Brasil.

Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, GDF Suez y Unión Fenosa fueron implicadas en otras agresiones contra la vida, como por ejemplo la privatización de servicios públicos, aumento de tarifas, sanciones de reconexión y cortes de abastecimiento eléctrico.

b) Violaciones de derechos de los pueblos indígenas

Las empresas Canal de Isabel II, Peremco, Repsol, Endesa/Enel, Pluspetrol, Aremco y Dreyfus son acusadas de agresión cultural, invasión de territorios de pueblos indígenas, destrucción del medio ambiente y de los medios tradicionales de vida de aquéllos, imponiendo proyectos de exploración petrolera y expandiendo monocultivos para agrocombustibles.

c) Violación de derechos laborales

Telefónica, Pescanova, Hanes Brands, Dreyfus, Proactiva Medioambiente y Unión Fenosa son acusadas de violar los derechos a la libertad sindical y al trabajo.

d) Destrucción del medio ambiente y de recursos naturales vitales

Se certificaron casos de destrucción del medioambiente y de recursos vitales con la sobreexplotación acuífera, la inundación de tierras y la pérdida de peces que involucran directamente a Aguas de Barcelona, GDF Suez, Banif-Santander, Endesa/Enel e Impregilo.

Canal de Isabel II, Pescanova, Holcim, Dreyfus y Agrenco son acusadas de destruir el medioambiente con la producción de agrocombustibles; Syngenta mediante la experimentación con organismos genéticamente modificados, y Stora Enso con la producción de celulosa.

Pescanova, Dreyfus, Agrenco y Syngenta son acusadas de violar el derecho a la soberanía alimentaria.

e) Responsables del calentamiento global y deudores climáticos

El Tribunal consideró que muchos casos relacionados con la explotación de hidrocarburos, hidroelectricidad, energía eólica, agrocombustibles, carbón y corredores eólicos evidencian el surgimiento de una nueva categoría de vulneración de derechos relativos a la naturaleza en perjuicio de las generaciones futuras, de acuerdo con los conceptos de deuda ecológica y justicia climática.

Las empresas acusadas de este nuevo tipo de violación de derechos humanos son Louis Drayfus, ThyssenKrupp, Perenco, Repsol, Endesa/Enel, Sogamoso, e Impregilo.

La necesidad de un nuevo marco normativo

Existe una conciencia generalizada de que los sistemas penales convencionales, pesadamente burocráticos, siguen sin tratar adecuadamente a las víctimas. Por ello es cada vez más amplia la corriente de opinión que demanda reformas.

La justicia convencional tiende a considerar a la víctima como “el perjudicado”, cuya máxima aspiración es recibir una reparación económica. Este modo de ver es ciertamente reductivo, pues no contempla la vertiente moral del problema ocasionado por la acción injusta o el delito.

A diferencia de las víctimas en sistemas procesales convencionales, los afectados por las atrocidades de las empresas transnacionales están condenados a la invisibilidad, e inclusive carecen del derecho a ser siquiera formalmente tratados como víctimas.

Se trata de víctimas colectivas de acciones depredadoras masivas e impunes que inciden no sólo en existencias individuales, sino en la base misma de las formas de vida de comunidades rurales: la tierra que trabajan, el aire que respiran, el agua que secularmente ha cubierto sus necesidades elementales.

El padecimiento de estas poblaciones es material y práctico, y también cultural, ya que ni siquiera se les reconoce como sujetos dignos y libres con derecho a la autodeterminación, un valor que connota a la persona por el mero hecho de serlo y que hace de ella un fin, excluyendo como ilegítimo cualquier uso instrumental de la misma para otros ajenos, explica el TPP.

Estas personas han carecido en absoluto de la posibilidad real de ser oídas debido a la estrecha trama de acciones, omisiones y complicidades que integran las estrategias económicas de la UE, masivamente lesivas de derechos básicos, y a los vacíos del derecho internacional que es su principal caldo de cultivo.

Las comunidades afectadas tienen derecho a una reparación integral. Esto supone adoptar medidas preventivas que alivien su sufrimiento y que garanticen la no repetición de muertes y destrucción; y sobre todo transformar las condiciones socioeconómicas que han sido el caldo de cultivo para la explotación de sectores enteros de la población.

Es urgente y necesaria la redefinición de las reglas económicas y la adopción de un nuevo modelo de desarrollo que se base en la justicia social, el respeto y defensa de los derechos humanos, sociales y medioambientales, y en la convivencia en armonía con la naturaleza, de tal forma que la vida –y no el lucro– sea el eje central de todas las actividades económicas.

El TPP no habla de un mercado autorregulado por un código de buena conducta y responsabilidad social y medioambiental definido por las empresas, sino de un nuevo cuadro jurídico vinculante en el marco del derecho internacional que imponga normas de conducta a las ETN.

Según el TPP, el primer paso en la gestación de un orden mundial diferente es el establecimiento de un cuadro de referencia jurídica que reafirme una jerarquía de normas, partiendo del principio de que los derechos del ser humano están en la cúspide de la pirámide normativa.

Es imperativo aplicar de manera efectiva un marco normativo de las relaciones internacionales que defienda la dignidad humana, la soberanía de los pueblos y el derecho de autodeterminación como valores supremos, subordinando los derechos individuales a los derechos colectivos.

Esto significa limitar la libertad económica y el derecho a la propiedad individual. Los intereses y los derechos individuales deben subordinarse al interés general, cumplir una función social y ecológica, y respetar lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos.

Es responsabilidad de todos los Estados, las instituciones y los actores de la comunidad internacional promover este nuevo marco normativo que imponga a las ETN y al capital financiero responsabilidades sociales y medioambientales, y les obligue a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus prolongaciones, en particular el PIDESC.

El TPP recuerda a la UE, a sus Estados miembros y a las ETN que están normativamente obligados a redefinir sus políticas, y particularmente su relación con América Latina, en cumplimiento del artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que exige respetar la “dignidad inviolable” como atributo incancelable del ser humano.

El Artículo 10A del Tratado de la UE modificado por el Tratado de Lisboa establecen que la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios de “la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”.

Atribución de responsabilidades

El TPP identifica varios niveles de responsabilidad de las ETN, de los Estados europeos y de la propia Unión Europea, cuyo deber es proteger los derechos humanos, previniendo y sancionando las violaciones de agentes privados.

El Estado de origen o matriz de la ETN y la propia UE pueden ser cómplices de violaciones de derechos humanos cometidos por sociedades transnacionales, ya sea por “cooperación necesaria” cuando facilitan las actividades ilegales (mediante normas y tratados como los TLC y TPPI), o también por omisión cuando no impiden dichas actividades ilegales.

El incumplimiento de proteger derechos genera una responsabilidad por omisión del deber, y una responsabilidad por acción cuando se favorece a las empresas y se estimula la violación mediante la concesión de licencias de operación, la flexibilización de normas laborales, medioambientales y tributarias, etc.

En ese marco, el TPP pide a las instituciones de la UE que establezcan un Centro de Empresas Transnacionales encargado de investigar e inspeccionar las prácticas de las ETN; y un sistema obligatorio de informes periódicos de cumplimiento de normas básicas de derechos humanos y de protección del medio ambiente para las empresas que contraten con la UE o que reciban cualquier tipo de ayuda.

Además, se pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que elabore un Código de Conducta obligatorio para la ETN y un mecanismo internacional de supervisión que podría tomar la forma de Tribunal Económico Internacional encargado de determinar reparaciones civiles para víctimas individuales o colectivas.

También se propone designar a un Relator Especial para que desarrolle y acuñe el nuevo concepto de “deuda ilegítima, social, ecológica e histórica”; y se recomienda modificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional para ampliar la competencia de personas jurídicas y tipificar crímenes contra el medio ambiente y otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente, el TPP destaca la nueva y relevante subjetividad de las comunidades, pueblos indígenas y de todas las víctimas colectivas de las ETN, que más allá de simples “perjudicados” en el sentido procesal del término, se convierten en los “verdaderos sujetos históricos” que se enfrentan a la moderna explotación capitalista, y luchan contra la injusticia global en beneficio de todos.

Por esa su condición protagónica como agentes de resistencia y transformación social, el TPP reconoce plenamente el derecho de las víctimas del capital transnacional a organizarse y movilizarse en defensa de sus territorios, su derecho a la autodeterminación, su cultura y su forma de vida, y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Necesitamos un cambio Urgente

En este nuevo período de cambio global, la adaptación al cambio climático requiere un enfoque integral. En tal contexto, la manera más razonable para avanzar en la construcción sostenible de la adaptación al aparentemente inevitable cambio climático sería la erradicación inmediata de la pobreza extrema, que puede lograrse dado que existen los recursos (aunque no la decisión política) a nivel internacional. Avanzar en tal dirección exige cambios sustanciales en la teoría y la práctica de la reducción de la pobreza, la estrategia de desarrollo y los pilares del orden internacional del siglo pasado.

El cambio de los órdenes mundiales ha sido históricamente fruto de guerras entre los principales poderes. El siglo XX fue testigo de las mayores conflagraciones mundiales que condujeron al actual orden político y económico internacional. La acumulación de armamento de destrucción masiva hace inimaginable la reedición de conflictos de tal magnitud que amenazarían indiscutiblemente la vida en nuestro planeta. En consecuencia, el gran desafío de este tiempo es el cambio pacífico del orden internacional, algo inédito en la historia de la humanidad.

Otro gran reto es alcanzar un modelo de desarrollo equitativo que concilie un consumo creciente de recursos naturales energético-dependientes, con el mantenimiento de una naturaleza que sea compatible con una “buena” vida. El estilo de consumo del modelo vigente no privilegia la superación del hambre y las necesidades de la población de bajos ingresos, sino la acumulación de capital y beneficios que tiende a ignorar el aumento del número de pobres, la contaminación y la degradación de recursos y el hábitat, así como también los efectos de la acción humana sobre el cambio climático. Las consecuencias observables de estos procesos cuestionan abiertamente el estilo de producción y consumo del actual modelo de desarrollo al acercarnos hacia horizontes que ponen en peligro la vida en nuestro planeta. Se hace visible así la necesidad imperiosa de emprender un desarrollo diferente, basado sobre un uso racional de los recursos naturales y sociales, que promueva una Poducción Sustentable, un consumo equitativo y el uso de tecnologías que limiten los efectos humanos sobre la naturaleza y el clima.

El siglo XXI será testigo de cambios globales motivados por fuerzas económicas, políticas, sociales y ambientales. Sin embargo, muchos de estos temas cruciales no son registrados y tratados adecuadamente por las corrientes principales del pensamiento social, en general, y de las relaciones internacionales, en particular. La agudización de las desigualdades, la magnitud de la pobreza, sobre todo en su forma extrema, y la problemática del desarrollo sostenible y equitativo que las abarca en un contexto de cambio climático son algunas de estas cuestiones que se suman a la problemática del cambio pacífico con un enorme potencial de conflicto de nuevo tipo, que es una de las características del proceso de cambio global.

Desarrollo, pobreza y cambio climático

El cambio climático visto como un elemento constitutivo del cambio global presenta una serie de desafíos para la sociedad y la ciencia en su conjunto. Los problemas emergentes tienen el potencial de afectar a toda la sociedad, aunque con más rigor a los sectores más vulnerables. Uno de los retos principales es, entonces, cómo afrontar el cambio climático y la pobreza en forma conjunta, en el contexto de un cambio de orden internacional y de modelo de desarrollo a nivel nacional, regional y global (ejes del cambio global).

Los líderes del orden hegemónico vigente no demuestran estar a la altura que exigen las actuales circunstancias. Los resultados obtenidos hasta el presente para dar cuenta de esos temas y alcanzar los modestísimos Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas del Protocolo de Kyoto y la Cumbre de Copenhague, revelan tales limitaciones. Los niveles y la efectividad de la ayuda oficial para el desarrollo proveniente de los países del G-8 son indicadores que mostraron tales limitaciones a lo largo del siglo XX.

En este nuevo período de cambio global, la adaptación al cambio climático requiere un enfoque integral. En tal contexto, la manera más razonable para avanzar en la construcción sostenible de la adaptación al aparentemente inevitable cambio climático sería la erradicación inmediata de la pobreza extrema, que puede lograrse dado que existen los recursos (aunque no la decisión política) a nivel internacional. Avanzar en tal dirección exige cambios sustanciales en la teoría y la práctica de la reducción de la pobreza, la estrategia de desarrollo y los pilares del orden internacional del siglo pasado.

La forma más eficaz –y equitativa– para redefinir las relaciones entre pobreza y cambio climático es en torno al concepto de la responsabilidad del uso sostenible de los recursos en la producción y el consumo social. No obstante, el rasgo dominante de las estrategias propuestas por las burocracias de las agencias de ayuda para hacer frente a las relaciones entre cambio climático y pobreza (con excepción del enfoque de desarrollo humano) es la falta de reflexión sobre el fracaso de dichas estrategias y de los modelos de ayuda al desarrollo.

Una apropiada comprensión de las relaciones entre cambio climático, pobreza y desarrollo exige, en primer lugar, una investigación crítica de los errores, limitaciones y problemas existentes en las principales corrientes de abordaje de la pobreza y el desarrollo. La agenda global de los organismos internacionales, los países desarrollados y la disciplina de las relaciones internacionales sigue dominada por temas de mantenimiento del statu quo en lo político y en lo económico, de libre comercio, protección de la propiedad intelectual, liberalización financiera y de capital y protección de las inversiones. Pese a las teorías que sostienen la posibilidad de evolución hacia una “convergencia económica”, la evidencia empírica rechaza esos supuestos optimistas que son más consistentes con la idea del “conflicto estructural”. El estudio de los patrones actuales de consumo complementa un enfoque exclusivamente económico de la pobreza y la desigualdad. Sin duda, una de las peores consecuencias del modelo de producción y consumo dilapidador es la presión a la cual han sido sometidos los ecosistemas para satisfacer una demanda irracional de los países desarrollados y de sectores privilegiados de los países no desarrollados.

Los pobres son los más damnificados por los efectos negativos del cambio climático. En la década pasada, más de 700 mil personas perdieron la vida a raíz de desastres “naturales” y cerca del 90 por ciento de ellas eran ciudadanos de países en desarrollo. Se estima que para la década de 2020, el incremento neto de personas sometidas a riesgos relativos al agua debido al cambio climático será entre 7 y 77 millones. Para la segunda mitad del siglo, la posible reducción de disponibilidad de agua y su creciente demanda ocasionada por el aumento de la población en la región se estima que afectará a entre 60 y 150 millones de personas, según datos del Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio del 2007.

Durante las tres últimas décadas, América Latina y el Caribe (ALC) ha sido sometida a una serie de impactos climáticos originados por El Niño. Durante este período han ocurrido dos episodios particularmente intensos de ese y otros fenómenos climáticos severos entre 1982/83 y 1997/98, contribuyendo en gran medida a la ya importante vulnerabilidad de la región frente a los desastres naturales (inundaciones, sequías, derrumbes, etcétera). En los últimos años, se han reportado numerosos eventos climáticos extremos y poco habituales, tales como intensas precipitaciones en Venezuela (1999 y 2005); inundaciones en las pampas argentinas (2000 y 2002); sequía en el Amazonas (2005); tormentas de granizo sin precedentes en Bolivia (2002) y en Buenos Aires (2006); la presencia de un huracán como Katrina por primera vez en el Atlántico Sur (2004), y la temporada récord de huracanes en el Caribe (2005). La frecuencia de los desastres relacionados con condiciones climáticas se ha incrementado 2,4 veces entre los períodos 1970-1999 y 2000-2005, continuando la tendencia observada durante la década del ’90. Solamente el 19 por ciento de los eventos entre los años 2000 y 2005 ha sido económicamente cuantificado, representando pérdidas cercanas a los 20 billones de dólares, según calcularon Gustavo Nagy y otros autores.

En un reciente informe elaborado por la CEPAL para la Cumbre de Copenhague se afirma que para el año 2100, en el caso de no haber un acuerdo internacional para mitigar los efectos del cambio climático, el costo para ALC podría equivaler hasta 137 por ciento del PIB regional actual. En otros términos, la variabilidad climática y los eventos extremos harían que hacia 2100 el costo de los desastres climáticos pase de un promedio anual para el período 2000-2008 de casi 8.600 millones de dólares, a un máximo posible de 250.000 millones de dólares. Incluso, debe tenerse en cuenta que la valorización de los daños generalmente no considera las potencialidades de funcionamiento de todo el ecosistema (integrado por cada uno de sus recursos naturales). Sólo se tiene en cuenta aquellos elementos que hoy se encuentran valorizados, pero no se incluyen todas las relaciones que se destruyen y que en la mayoría de los casos no pueden recuperarse.

Estos datos sólo son indicativos de la magnitud de los fenómenos. Estudios más detallados sugieren cifras que acentúan aún más las asimetrías de los efectos. Por un lado, los niveles de subconsumo y hambre de la población y, especialmente, la gran distancia entre las expectativas y las realidades enfrentadas generan el desarrollo de tácticas de subsistencia y de economía social, pero también de acciones de violencia. Por el otro, el consumo ostentoso y destructor de los sectores más pudientes lleva a la producción de niveles crecientes de basura, desperdicios y contaminación.

Al mismo tiempo, una parte importante de los recursos naturales se comporta como capital de especulación, generando rentas que se acumulan a partir de su compra-venta, incluso en mercados a futuro. Los recursos no se utilizan en beneficio de la comunidad, ni se usa lo obtenido por su extracción o empleo para generar alternativas de fuentes de riqueza cuando los recursos –específicamente, los no renovables– se agoten. De tal manera, hoy conviven formas destructivas del ambiente y el hábitat conjuntamente con un gran desaprovechamiento de las potencialidades de los recursos naturales y las fuentes energéticas. Todo ello sucede en el marco de sistemas altamente frágiles y vulnerables a los eventos provocados por el cambio climático.

El carácter sistémico de los problemas requiere la articulación de alternativas que tengan por objetivo combatir la pobreza mediante la implementación de soluciones estructurales. Lograr la superación de la pobreza con equidad en América latina en particular, conduce a repensar la relación sociedad-naturaleza de modo de encontrar alternativas que protejan a los sectores más vulnerables, a la vez que se difunda el uso de nuevas tecnologías y estilos de consumo. Claro que esto implica generar una base política que permita superar la no sustentabilidad del modelo actual. La conjunción de cambio climático y global genera tensiones, a la vez que acelera los tiempos.

Existen diferentes visiones acerca del manejo de la naturaleza en la sociedad del siglo XXI y probablemente la que prime estará vinculada a la transición del orden internacional. Un abordaje de la problemática se realiza desde una perspectiva de “dominio y control” a través de la geo-ingeniería (que impulsaría el Club de Roma y muchas empresas transnacionales). Tal criterio de intervención se centra en el uso de tecnologías gigantistas con reducido control de los efectos colaterales que pueden producir. Un ejemplo es la intervención (fracasada) que intentó incrementar la captación de carbono por parte de las algas marinas. El ensayo realizado en una superficie del océano de 300 kilómetros cuadrados no tuvo los efectos buscados y será imposible conocer los efectos indirectos del mismo. Otras soluciones apuntarían a volver más laxos los controles de los créditos de los bonos verdes a plantaciones forestales monoespecíficas. Se ha demostrado que, según los suelos, estas plantaciones pueden no incrementar la captación y conservación del carbono.

La tendencia de “gestión de ecosistemas” promovida por el sistema de Naciones Unidas y agencias de asistencia y crédito coexiste, además, con una nueva tendencia impulsada por el pensamiento ambiental que tiene como fundamento el uso integral y sustentable de los ecosistemas. Este uso podría desarrollar gran parte de la “oferta ecosistémica” consistente en la generación de materia prima (recursos naturales) utilizable en la actividad económica de forma sustentable. Esto supone mayor investigación y el manejo de cada recurso a un ritmo que asegure su capacidad de regeneración, de dilución y de la posibilidad de un uso integral. Tal perspectiva posibilitaría el mayor uso de las potencialidades hoy desaprovechadas de muchos recursos, así como de la difusión de las tecnologías adecuadas a estos fines.

El cambio climático exige una lucha en varios frentes. Uno de ellos es la concientización de la población y de los tomadores de decisiones sobre los alcances globales del problema, aunque clarificando que la principal responsabilidad la tienen quienes han causado (y causan) los impactos, esto es, los “emisores”. Este proceso es condición necesaria para afrontar el cambio tecnológico reclamado y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de minimizar los aspectos negativos y utilizar los pocos impactos positivos que eventualmente se verifiquen.

Los cambios que deberían estar obligados a realizar los países desarrollados han encontrado una fuerte reacción de los grandes monopolios que se verían perjudicados. Autores como Naomi Oreskes y Erik Conway han descubierto que existe una vasta acción sobre los medios científicos académicos y de opinión para minimizar la responsabilidad de los emisores en el cambio climático aduciendo que se trata de variabilidad cíclica cuyos efectos no se pueden estudiar. Tal posición apunta a dilatar las acciones requeridas para neutralizar las causas del cambio, diluyendo al mismo tiempo la responsabilidad de los emisores.

El uso de tecnologías de menor emisión y la prevención global son un imperativo actual. La falta de una acción eficaz torna los efectos del cambio climático aún más graves y la irreversibilidad aparece como una probabilidad cierta. Ya no parecen efectivos los remedios parciales y está claro que los cambios estructurales deben apuntar a los patrones de producción y consumo. Esto implica cambios sustanciales en la distribución del ingreso, en el manejo de los recursos y en la búsqueda de un desarrollo equitativo y sustentable que se transforme en el pilar del cambio del orden mundial que se dará en el siglo XXI.

Conclusiones para mejorar el planeta

El agotamiento del actual modelo inequitativo de desarrollo en el contexto de cambio climático genera un cambio de tal magnitud que induce, inevitablemente, a conflictos de variada intensidad y distintos niveles de violencia. Seguramente no serán las guerras entre las principales potencias como en el pasado.

El desafío de nuestro tiempo es administrar los conflictos de nuevo tipo en un mundo global integrado por Estados con diferentes intereses y posiciones. El estímulo para conciliar tales intereses es generar las bases para mejorar la calidad de vida del planeta.

El cambio climático acelera los tiempos de tránsito hacia el cambio de orden internacional y el modelo de desarrollo que lo sustenta. El cambio global está en marcha, hay que pensar estratégicamente las consecuencias que esto tiene para el país y la región, pues siempre hay mejores y peores políticas para enfrentarlo. www.ecoportal.net

Los residuos de aparatos

Los RAEEs son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como por ejemplo, heladeras, microondas, reproductores de música, computadoras, monitores, televisores, celulares, equipos de iluminación, herramientas eléctricas, juguetes, etc. El problema de estos residuos es que junto con los materiales reciclables se encuentran sustancias contaminantes como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y cromo hexavalente, las cuales son tóxicas y poseen gran capacidad de dañar el ambiente y afectar la salud de la población. El plomo que contiene el tubo de rayos catódicos de un solo televisor puede contaminar hasta 40 millones de litros de agua.

El mundial trajo aparejado una venta inmensa de nuevas tecnologías de televisores. Pantallas planas e imágenes en alta definición fueron las premisas para ver todos los partidos de la selección. El lado oscuro de esta modernización son los millones de televisores obsoletos que serán desechados en los próximos años. El plomo que contiene el tubo de rayos catódicos de un solo televisor puede contaminar hasta 40 millones de litros de agua.

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) hacen la vida más fácil, de eso no hay ninguna duda. Todos los días los utilizamos para múltiples funciones, algunos nos despiertan, en otros escribimos, algunos nos preparan el café y otros hasta pagan el sueldo. Esto es así hasta que dejan de proveernos la función que esperamos de ellos, esto puede pasar porque se rompió y se opta por la compra de uno nuevo en vez de la reparación o porque a pesar de funcionar correctamente, no cumple con las nuevas expectativas que el usuario espera. Cualquiera sea el caso, el AEE es desechado y se convierte en un residuo.

Los RAEEs son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como por ejemplo, heladeras, microondas, reproductores de música, computadoras, monitores, televisores, celulares, equipos de iluminación, herramientas eléctricas, juguetes, etc. Se cree que en Argentina se desecharon 80.000 toneladas de RAEEs en el año 2006 y algunos autores hablan de 100.000 toneladas en el año 2008. Es factible que ese número sea mayor en la actualidad debido al rápido progreso tecnológico y al marcado aumento en las ventas de computadoras portátiles y televisores con tecnología LCD y el consecuente desecho de aparatos obsoletos.

A pesar de estar en desuso y de ser descartados, los RAEEs contienen gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados en diferentes procesos, por ejemplo el ABS (plástico), el hierro y el acero que suman más del 50% del peso de un RAEE promedio pueden ser fácilmente reciclados y utilizados para producir nuevos aparatos. De esta manera no sólo se ahorra materia prima sino también, energía. Las plaquetas contienen pequeñas cantidades de metales preciosos que pueden ser recuperados mediante tecnologías avanzadas de fundición. La recuperación de los materiales a gran escala puede aumentar la oferta de metales y como consecuencia, reducir la cantidad de emprendimientos mineros que poseen un fuerte impacto sobre el ambiente. El problema de los residuos es que junto con los materiales reciclables se encuentran sustancias contaminantes como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y cromo hexavalente, las cuales son tóxicas y poseen gran capacidad de dañar el ambiente y afectar la salud de la población.

Es importante destacar que hoy una correcta gestión de los RAEEs puede recuperar cerca del 100% de los materiales y reducir el impacto sobre el ambiente al mínimo.

Cuando un RAEE es abandonado en la calle o es tirado junto con los residuos urbanos a un relleno sanitario, al poco tiempo la lluvia y la actividad biológica liberan gran parte de las sustancias tóxicas. El suelo puede retener gran parte de la contaminación, pero llegado a un punto, puede agotar su capacidad de almacenamiento y permitir que se filtre hacia el agua subterránea, la cual es consumida por las familias que no tienen acceso al agua de red.

Los efectos de los metales pesados en la salud humana son bien conocidos, el caso más común son los producidos por el plomo. Ese contaminante es muy peligroso para los chicos produciendo daños irreversibles en el desarrollo del cerebro y afectando de manera negativa la capacidad intelectual. Sabiendo que un monitor o televisor contiene alrededor de 2 kilogramos de plomo y que el límite admisible para el agua potable según el Código Alimentario Argentino es de 0,05 mg/L, un solo monitor o televisor puede contaminar hasta 40 millones de litros de agua.

En Argentina existen numerosas empresas, ONGs, programas e iniciativas que trabajan separando los RAEEs del circuito de los residuos sólidos urbanos. Muchas de ellas trabajan restaurando los equipos y los venden a bajos precios o los donan. Otras empresas como Industrias Dalafer, Scrap y Rezagos y Silkers realizan una gestión integral de los materiales, incluyendo los que contienen las sustancias más peligrosas, como son las plaquetas electrónicas, las cuales son exportadas a plantas de alta tecnología radicadas en el exterior para su reciclaje.

En la actualidad existe un proyecto de ley presentado por el senador Daniel Filmus, el cual propone quitar la niebla del marco legal donde esta inserta la gestión de los RAEEs. La ley plantea en principio que los productores diseñen aparatos menos contaminantes y colaboren con un impuesto anticipado para la gestión de los residuos generados una vez que los productos entren en desuso.

La solución al problema requiere que todas las partes involucradas entiendan, acepten y se comprometan con su lugar en el circuito. Es importante que los usuarios sean concientes de los graves problemas que conlleva una mala gestión de los RAEEs, que las empresas vean la responsabilidad extendida no como un costo, sino como un valor agregado que ofrecerán al consumidor y que el gobierno genere leyes eficaces, con definiciones precisas y con instrumentos orientados a solucionar el problema y no a recaudar fondos. www.ecoportal.net

Estamos destruyendo nuestra propia casa

Sabemos que muchas de las actividades humanas están produciendo graves efectos sobre la naturaleza. Están alterando ecosistemas, destruyendo habitats e incluso, modificando el equilibrio climático de la Tierra.

Esto es, en gran medida, porque hemos tenido durante los últimos años la vista enfocada solamente hacia adelante. Así como a los caballos que tiran de una carreta se les colocan las anteojeras, para que no se distraigan en su camino, también nosotros las hemos tenido puestas y nos hemos perdido la posibilidad de tener una visión mas amplia sobre lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor.

Existe una relación holística entre todos los seres vivos que habitan en el planeta, incluyendo por supuesto a los seres humanos. Esa relación ha permitido que durante millones de años el ecosistema se mantuviera en equilibrio.

Lamentablemente, en pocos siglos el avance tecnológico y su utilización desmedida, sin previsiones ni control sobre sus efectos, ha roto el equilibrio armónico del planeta, en el que cada pieza es importante, pero reemplazable y que la sabia naturaleza había logrado siempre autorregular.

La Tierra es un gigantesco ecosistema, en el que mientras mayor es la biodiversidad, la cantidad de especies que lo componen, mayor será su estabilidad. Al disminuir la cantidad de especies, va perdiendo esa estabilidad y se vuelve mas y mas vulnerable. Y es eso precisamente lo que está sucediendo.

Los huracanes, tsunamis, inundaciones y terremotos son quizás los efectos mas hollywodenses del cambio climático. Terroríficos y estremecedores por donde se los mire. Sin embargo quedan pequeños si los comparamos con un mal de estos tiempos mucho menos promocionado, mucho menos visible, pero mucho mas letal a gran escala. La disminución de la biodiversidad.

La pérdida de la biodiversidad en la agricultura y la alimentación pone gravemente en peligro la seguridad alimentaria mundial. La FAO estima que hoy en día la mayor parte de los alimentos del mundo proceden únicamente de doce cultivos y de catorce especies animales. A medida que disminuye la biodiversidad en la agricultura y la alimentación, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerables e insostenible.

Pero la disminución de la diversidad biológica en el planeta es mucho mas preocupante aún. En la actualidad se extinguen 50.000 especies entre animales y vegetales por año, lo que representa un aumento en 10.000 veces de la tasa natural de extinción y significa un 5% del total de especies por década.

Las metas de 2010 para frenar la curva de crecimiento de la pérdida de biodiversidad, fueron acordadas en Sudáfrica en 2002, sin embargo se ha hecho mucho menos de lo pretendido y no estamos ni siquiera cerca de alcanzarlas. Aunque en algún año próximo una de esas 50.000 especies que se extinguen podría ser la de los seres humanos.

Es imperativo que la sociedad humana se replantee su actual modelo de desarrollo en busca de una alternativa ambientalmente sustentable, que detenga este ecocidio en el que estamos sumergidos y en el que podemos ahogarnos fácilmente.

Es imprescindible cambiarlo por un modelo que respete la vida, y detenga el deterioro que estamos causando, al legado más importante de millones de años de evolución: la biodiversidad. www.ecoportal.net

Industria de los transgénicos y sus mentiras

Un nuevo informe de Amigos de la Tierra muestra el fracaso y las mentiras de la Industria de los transgénicos.

Los cultivos transgénicos alimentan a las multinacionales, no a las víctimas de la crisis alimentaria.

Amigos de la Tierra demuestra en un nuevo informe que los cultivos transgénicos están beneficiando a las multinacionales y no a los pequeños campesinos ni a las personas que sufren hambre, casi mil millones de personas por la última crisis alimentaria. Se demuestra también como la industria de los transgénicos truca las cifras para dar la sensación de que sus productos son cada vez más aceptados. Todo esto casi un año después de la publicación de una evaluación de la ONU que concluye que los cultivos transgénicos no suponen una solución para aliviar el hambre ni la pobreza.

El nuevo informe de la Federación Amigos de la Tierra Internacional “¿Quién se beneficia de los cultivos transgénicos? [1] muestra como la subida de los precios de los alimentos básicos por la crisis alimentaria mundial ha permitido a las multinacionales como Monsanto acumular beneficios record, aumentando de forma exponencial el precio de las semillas transgénicas y de los agroquímicos que venden a los agricultores. Monsanto anunció en Enero que sus beneficios del último trimestre se habían casi triplicado, y que su beneficio neto está previsto que se triplique desde los 984 millones de dólares en 2007 hasta los 2960 millones en 2010.

“Los cultivos transgénicos son para alimentar a los gigantes de la industria biotecnológica, no a los pobres” afirmó Nnimmo Bassey, Director Ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria y Presidente de Amigos de la Tierra Internacional. “La semillas transgénicas y sus pesticidas asociados son excesivamente caros para los pequeños campesinos de África. Los promotores de esta tecnología en los países empobrecidos están totalmente fuera de contacto con la realidad”.

Monsanto es la mayor empresa mundial de semillas, y prácticamente ostenta el monopolio de la tecnología transgénica. Las semillas modificadas genéticamente cuestan entre dos y cuatro veces más que las semillas convencionales. Monsanto también comercializa el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo.

“Gracias en gran medida a Monsanto, los agricultores estadounidenses están afrontando incrementos dramáticos en los precios de las semillas transgénicas y en los químicos asociados” afirmó Bill Freese, del Centro por la Seguridad Alimentaria de EE.UU. “Los agricultores de países del Sur que se acojan a esta tecnología de Monsanto y otras multinacionales no pueden sino esperar la misma suerte, incrementos brutales del precio de las semillas y de los pesticidas, y un descenso radical en la disponibilidad de semillas no transgénicas.”

El coste de las semillas transgénicas no es el único problema. Los cultivos transgénicos no se cultivan ni están diseñados para aliviar la pobreza. La inmensa mayoría son soja y maíz destinados a alimentación del ganado y producción de agrocombustibles en países desarrollados.

EE.UU. produce más del 50% de los cultivos transgénicos a nivel mundial. Y cerca del 90% del área global cultivada con transgénicos está en 6 países americanos (EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), países con un sector agrícola altamente industrializado y orientado a la exportación. En Europa, donde el cultivo de transgénicos supone una parte marginal de la agricultura, las multinacionales inflan las cifras para maquillar la realidad. El único cultivo autorizado es un maíz, que supone tan solo el 0,21% de la superficie agrícola en la UE. España es el único país europeo que lo cultiva a gran escala, con más de 80.000 hectáreas en 2008. Siete países europeos han prohibido el cultivo de este maíz por sus impactos ambientales e incertidumbres sobre la salud.

El lobby de la industria europea, EuropaBio, alega un 21% de incremento en la superficie de transgénicos en Europa respecto a 2007, cuando en realidad se ha producido un 2% de descenso. El truco es tan simple como eliminar de los cálculos a Francia, el último país en prohibir el cultivo de transgénicos [2].

“Los transgénicos no están haciendo nada por solucionar los problemas de los pequeños agricultores, ni en el Sur ni en Europa. Y es bochornoso utilizar la lucha contra el hambre para promocionar un negocio multimillonario, con graves impactos ambientales y sociales, y alarmantes riesgos para la salud” añadió David Sánchez, de Amigos de la Tierra España.

A pesar de más de una década de propaganda, la industria no ha introducido ni un solo cultivo transgénico que incremente los rendimientos, que sea más nutritivo, resistente a la sequía o a la salinidad. Los transgénicos disponibles hoy en día siguen siendo en un 80% resistentes a un herbicida, lo que ha disparado el uso de agroquímicos en los países productores. El resto son resistentes a insectos.

La apuesta por los transgénicos ha oscurecido el gran potencial de la agricultura agroecológica, de bajo coste, para la producción de alimentos y aliviar el hambre. Un esfuerzo de cuatro años por parte de la ONU, la “Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola” (IAASTD en sus siglas en inglés), que implico a 400 expertos de múltiples disciplinas, gobiernos y multinacionales, recomendó una apuesta por los métodos agroecológicos, que ofrecen incrementos en la productividad sin semillas ni químicos caros, y una reforma de las injustas normas de comercio internacional