El congreso ecuatoriano se prepara para votar una legislación conocida como "ley de aguas". Para el oficialismo se trata de una medida necesaria para regular los recursos hídricos y el uso y aprovechamiento del agua. Para las comunidades indígenas la norma encarna sus temores de siempre a que el agua sea acaparada o privatizada. La lucha se trasladó ahora a las rutas y calles del país, donde los aborígenes protestan por tiempo indefinido a la espera de que se los incluya en el debate.
El temor a que el agua sea privatizada o acaparada, negando su acceso a las comunidades indígenas, moviliza a estas organizaciones en rechazo a un proyecto de ley.
Desde el lunes pasado y por tiempo indefinido, movilizaciones de protesta se desarrollan en todo el país, bloqueando importantes rutas y caminos para llamar la atención del gobierno y la opinión pública. La policía trató de despejar las vías mediante el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
El proyecto, a punto de aprobarse en la legislatura controlada por el oficialismo, regula los recursos hídricos y el uso y aprovechamiento del agua.
Las comunidades indígenas aducen que la ley permitirá la privatización del recurso hídrico, así como la apropiación por parte del estado de canales y otras obras construidas mediante trabajo comunitario.
CORREA CONTRAATACA
En las últimas horas el presidente Rafael Correa se dedicó a desprestigiar las protestas, arremetiendo contra los líderes indígenas y acusándolos de obligar a la gente de las comunidades a ir a los piquetes. "Quieren adueñarse del agua y eso no lo vamos a permitir", expresó el mandatario. "Han vivido a costa del estado... en un lado la piedra y el garrote y en otro lado la mano extendida, para calladamente recibir el dinero (del estado)", aseguró Correa.
Las organizaciones anunciaron que radicalizarán sus protestas. “Nuestro reclamo es pacífico no queremos enfrentarnos con la Policía, sólo pedimos que los asambleístas (legisladores) se sensibilicen y discutan los nudos críticos que han sido planteados por la dirigencia indígena y varios sectores sociales. El tiempo que permanezcamos en las vías solo dependerá del Gobierno”, indicó Francisco Tipanluisa, dirigente indígena.
Según estimaciones citadas por el dirigente indígena Delfín Tenesaca, en la costa ecuatoriana "el 65% del agua está en manos privadas", mientras a los suburbios no llega el servicio.
Jaime Abril, legislador oficialista que lidera el tema en la Asamblea, aseguró que un artículo del proyecto "prohíbe toda privatización del agua" y garantiza la redistribución del recurso para eliminar su acaparamiento.
La dirigencia indígena ha sido acusada de “ir en busca el poder" a través de esta ley y de pretender derribar al gobierno de Rafael Correa, algo que las organizaciones niegan.
Uno de los temas conflictivos es el futuro nombramiento de una Autoridad Única del Agua, organismo encargado de la rectoría, concesiones y distribución, que contaría con el voto dirimente del Secretario del Agua, nombrado por el Ejecutivo. El sector indígena reclama que el poder de decisión recaiga en un "consejo
plurinacional", integrado en parte por sus representantes. Pero desde el gobierno se oponen. "Un recurso estratégico no puede estar en manos de una organización" sino del Estado, dijo Abril.
Otros temas polémicos son la cantidad vital y tarifa mínima, la consulta previa en materia ambiental y el aprovechamiento para envasado del agua.
La Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador ya tiene el informe final de la polémica Ley de Recursos Hídricos, conocida como ley de aguas. Ahora le resta convocar a los legisladores con 48 horas de anticipación, por lo que se presume que la reunión podría tener lugar esta misma semana.
El temor a que el agua sea privatizada o acaparada, negando su acceso a las comunidades indígenas, moviliza a estas organizaciones en rechazo a un proyecto de ley.
Desde el lunes pasado y por tiempo indefinido, movilizaciones de protesta se desarrollan en todo el país, bloqueando importantes rutas y caminos para llamar la atención del gobierno y la opinión pública. La policía trató de despejar las vías mediante el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
El proyecto, a punto de aprobarse en la legislatura controlada por el oficialismo, regula los recursos hídricos y el uso y aprovechamiento del agua.
Las comunidades indígenas aducen que la ley permitirá la privatización del recurso hídrico, así como la apropiación por parte del estado de canales y otras obras construidas mediante trabajo comunitario.
CORREA CONTRAATACA
En las últimas horas el presidente Rafael Correa se dedicó a desprestigiar las protestas, arremetiendo contra los líderes indígenas y acusándolos de obligar a la gente de las comunidades a ir a los piquetes. "Quieren adueñarse del agua y eso no lo vamos a permitir", expresó el mandatario. "Han vivido a costa del estado... en un lado la piedra y el garrote y en otro lado la mano extendida, para calladamente recibir el dinero (del estado)", aseguró Correa.
Las organizaciones anunciaron que radicalizarán sus protestas. “Nuestro reclamo es pacífico no queremos enfrentarnos con la Policía, sólo pedimos que los asambleístas (legisladores) se sensibilicen y discutan los nudos críticos que han sido planteados por la dirigencia indígena y varios sectores sociales. El tiempo que permanezcamos en las vías solo dependerá del Gobierno”, indicó Francisco Tipanluisa, dirigente indígena.
Según estimaciones citadas por el dirigente indígena Delfín Tenesaca, en la costa ecuatoriana "el 65% del agua está en manos privadas", mientras a los suburbios no llega el servicio.
Jaime Abril, legislador oficialista que lidera el tema en la Asamblea, aseguró que un artículo del proyecto "prohíbe toda privatización del agua" y garantiza la redistribución del recurso para eliminar su acaparamiento.
La dirigencia indígena ha sido acusada de “ir en busca el poder" a través de esta ley y de pretender derribar al gobierno de Rafael Correa, algo que las organizaciones niegan.
Uno de los temas conflictivos es el futuro nombramiento de una Autoridad Única del Agua, organismo encargado de la rectoría, concesiones y distribución, que contaría con el voto dirimente del Secretario del Agua, nombrado por el Ejecutivo. El sector indígena reclama que el poder de decisión recaiga en un "consejo
plurinacional", integrado en parte por sus representantes. Pero desde el gobierno se oponen. "Un recurso estratégico no puede estar en manos de una organización" sino del Estado, dijo Abril.
Otros temas polémicos son la cantidad vital y tarifa mínima, la consulta previa en materia ambiental y el aprovechamiento para envasado del agua.
La Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador ya tiene el informe final de la polémica Ley de Recursos Hídricos, conocida como ley de aguas. Ahora le resta convocar a los legisladores con 48 horas de anticipación, por lo que se presume que la reunión podría tener lugar esta misma semana.
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